Analizan incluir la figura del querellante en Misiones

Para los especialistas en materia jurídica el cambio traerá transparencia al accionar de la Justicia. Jueces y abogados acompañan la iniciativa que estudian los legisladores

POSADAS. En cuanto a la modificación de la Constitución Provincial, más precisamente del Artículo 21º, se presentó el 25 de abril pasado un proyecto de Ley a través del cual se impulsa la creación de la figura del querellante particular.
Misiones, según señalan desde el Colegio de Abogados, es la única provincia del país que aún no tiene incluido, en el proceso judicial, la figura del querellante particular. Esta institución colegiada, ya en el 2008, había presentado una iniciativa legislativa para instaurarla, pero no logró avanzar.
De forma general podemos decir que esto significará la participación activa del damnificado en la investigación judicial. Pero ahondando en la materia, y según señalan los expertos, esto significará, para la Justicia misionera, una mayor agilidad, transparencia y confianza.

Así lo entiende, por ejemplo, el Juez de Instrucción Penal de la Tercera Circunscripción de Misiones, Ángel Atilio León, quien sostuvo que la creación de esta figura “marcará un antes y un después en el campo de la legislación misionera. Se estaría permitiendo, aunque más no sea en forma mínima, una reconstrucción de la pérdida de confianza de la sociedad toda, en el actual sistema judicial, pues la víctima ya no se sentirá como algunas veces, desamparada y desprotegida, en tanto y en cuanto, sus intereses estarían tratados con la dignidad y respeto, que como víctima, siempre debió tener”.
En líneas similares se manifestó el titular del Colegio de Abogados de Misiones, Rodrigo Bacigalupi, quien indicó que “ayudará a transparentar un poco el proceso judicial penal que hoy está reservado para unos pocos. La víctima no tiene acceso o es muy limitado, esta figura del querellante va a permitir que los abogados intervengan en representación de las víctimas para impulsar los procesos penales y llegar a una finalización de las causas”.

Por su parte, Carlos Rovira, autor del proyecto de ley que impulsa este cambio en la Carta Magna misionera, y en el sistema de Justicia, “la intervención del querellante particular en el proceso penal se presenta como una manifestación del derecho a la jurisdicción y del derecho a la tutela judicial efectiva, que corresponde, entre otros, a la víctima del delito. Uno y otro son derechos de raigambre constitucional”.

Otra dinámica
León, quien además de juez es profesor de Derecho y miembro del Consejo de la Magistratura de Misiones, explicó que “con la inclusión de la figura del querellante particular, todo el dinamismo de la investigación cobraría otro sentido”.
Según entiende el magistrado, la víctima de un delito “con el acompañamiento de un letrado de su plena confianza, ya no tendría que depender de la actividad del titular de la acción pública (un fiscal), para ejercer sus pretensiones. Pues una vez instada la acción por este; la víctima del hecho, con una real y directa intervención en el proceso ya abierto, estaría legitimada para efectuar actividades encaminadas a una mayor eficacia de la persecución penal”.

Estos cambios de figuras permitirán modificaciones en los mecanismos de investigación de las causas, dándole al damnificado la posibilidad de probar, por cuenta propia, que fue víctima de un delito.
León, reflexionó que “con la inclusión de la figura, del querellante particular, lo que se pretende, es abrir las puertas, para encontrar, en la crítica y reflexión constructiva y proactiva, las soluciones legislativas que permitan el ejercicio pleno de los derechos que, por reconocimiento del Artículo 75 en su inciso 22 de la Constitución Nacional, tienen raigambre constitucional”.

Modificación de la Constitución
El proyecto de ley que ingresó el 25 de abril pasado a la Legislatura, y que tiene como autor al titular de la misma, Carlos Rovira, propone modificar el Artículo 21º de la Constitución de Misiones, para que el mismo indique que “la acción penal en los delitos de acción pública corresponde al Estado sin perjuicio de la participación que se le concede a la víctima y al particular damnificado. Toda persona particularmente ofendida por un delito de los que dan lugar a la acción pública tendrá derecho a constituirse en calidad de particular damnificado. Los damnificados por el delito pueden hacer valer en sede penal sus pretensiones resarcitorias o indemnizatoria”.

Este proyecto, que en principio será analizado por los diputados, con la colaboración de miembros de la Justicia, deberá ser sometido a la votación del pleno de la Legislatura.
Luego, como toda enmienda de la Constitución Provincial, deberá ser sometido a un plebiscito, para que la voluntad popular defina si se incorpora o no esta figura al sistema de Justicia.

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